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La Fiscalía de Seguridad Vial investigará los atropellos de ciclistas y patinetes a peatones en las vías públicas

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La Fiscalía de Seguridad Vial investigará los atropellos de ciclistas y patinetes a peatones en las vías públicas

11/02/2019

La Fiscalía de Seguridad Vial investigará los atropellos de ciclistas y patinetes a peatones en las vías públicas

La Fiscalía de Seguridad Vial ha anunciado que investigará los atropellos de ciclistas y patinetes a los peatones en las vías públicas. Y es que ya se han producido cerca de 300 siniestros en los que han estado relacionados vehículos de movilidad personal (VMP).

En los 11 primeros meses de 2018, en un total de 44 ciudades, se han contabilizado 273 accidentes, de los que en principio en 203 habría algún tipo de responsabilidad del patinador. En cuanto al número de denuncias por infracciones administrativas, los datos no están siempre cuantificados, pero en Barcelona ya han interpuesto 2330.

Según los informes remitidos por las Policías Locales, los accidentes en que intervienen los vehículos de movilidad personal se deben, entre otras causas, a la falta de  control sobre las posibles deficiencias o carencias técnicas del vehículo, así como a la velocidad del patinete en relación con las circunstancias del tráfico, su irrupción súbita y sin control en la vía, el atravesar la calzada en rojo para los peatones, subrayándose la dificultad de convivencia en los carriles-bici con los ciclistas, así como con los peatones y vehículos de motor.

El Fiscal Coordinador de la Unidad de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado, Bartolomé Vargas, aboga por un mayor respeto hacia los peatones tanto de ciclistas como de patinadores. Asegura que el patinete es un instrumento que resulta muy positivo para la movilidad en las grandes ciudades, pero que “no es un juguete”, por lo que los usuarios deben respetar las normas de circulación.

Concretamente, los ciclistas y patinadores que circulen de forma excesiva y sin cumplir los requisitos mínimos pueden exponerse a sanciones penales, como el delito de lesiones graves o incluso el de homicidio imprudente, castigado con penas de 1 a 4 años. 

En este sentido, el Fiscal ha enviado a todas las Policías Locales del territorio nacional expresas indicaciones y pautas de legalidad y actuación para la eventual exigencia de responsabilidad penal, para recordar las ya existentes en el ámbito urbano de vehículos de motor y formular otras nuevas para bicicletas y VMP.

El Fiscal hace hincapié en los delitos de conducción bajo la influencia de alcohol y drogas y exceso de velocidad recogidos en el art 379 CP y mejorar las funciones de supervisión y vigilancia que competen a las Policías Locales, incrementando los controles de alcoholemia, drogas y velocidad. Igualmente pide que se persigan los adelantamientos con temeridad manifiesta a ciclistas y usuarios de VMP que por sus circunstancias (cercanía, velocidad) pongan en peligro su vida o integridad física y las maniobras también temerarias que originen idénticos riesgos para los peatones. Todos ellos deben considerarse delitos de conducción temeraria. 

En relación con los delitos de homicidio del art. 142 CP (castigado con pena de uno a cuatro años de prisión) y lesiones por imprudencia grave del art. 152 CP (de tres meses de prisión o multa a tres años de prisión), el Fiscal de Seguridad Vial destaca que debe instruirse atestado cuando se constate la infracción de deberes normativos de cuidado asociados a determinadas infracciones graves o muy graves, especialmente cuando se trate de excesos de velocidad y/o distracción por el uso del móvil. 

Cuando haya imprudencia grave por atropellos, por ejemplo en paso de peatón o por vulnerar los deberes de atención y moderación de velocidad con ciclistas o patinadores, y la lesión sea leve, se hará un seguimiento sobre la naturaleza de la lesión y si es de las que exigen tratamiento médico o quirúrgico (art. 147.1 CP), se levantará atestado por indicios de delito del art 152.1.1º, sancionado con pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años. 

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